Por cuarta vez el gobierno intenta que el Congreso apruebe el TPP-11

Por cuarta vez el gobierno intenta que el Congreso apruebe el TPP-11

Nuevamente La Moneda pidió con suma urgencia al Senado aceptar este tratado, a pesar del rechazo en parte de la oposición y organizaciones sociales.

Por Franco Zanetta

Después de ser aprobado en la Cámara de Diputados en abril de 2019, el proyecto del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11) se encuentra a la espera de ser discutido en la cámara alta, donde el gobierno intenta por cuarta oportunidad con suma urgencia lograr su ratificación.

El TPP-11, que causa polémicas con la oposición -y también dentro de esta- y sectores sociales, tiene al gobierno preocupado. Las negativas que ha enfrentado este tratado internacional en la testera del Senado, tanto de la expresidenta Adriana Muñoz (PPD) y la actual titular, Yasna Provoste (DC), para iniciar ser puesto en tabla e iniciar su discusión, interfieren en el desenlace ideal para el presidente Sebastián Piñera: aprobar este tratado antes que termine su trabajo la Convención Constituyente.

Una mirada hacia atrás

El Tratado Integral y Progresista del Transpacífico es el nuevo nombre que se le da al Tratado de Libre Comercio Transpacífico que inicialmente se vio comprometido cuando el expresidente de EE.UU., Donald Trump, retiró a su país del acuerdo en 2017, alegando que dañaba al sector manufacturero del país.  En la nueva versión -con los mismos países a excepción de la potencia americana- se promete un pacto más amigable, con alto crecimiento económico y el desarrollo de un modelo de sustentabilidad ecológico y social.

El tratado, que fue impulsado en el último gobierno de Michelle Bachelet, está firmado por Australia, Brunéi, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Se trata del tercer acuerdo comercial más grande del mundo (13% de la economía global). Su principal objetivo es, según indica la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), “generar mayor crecimiento económico, empleo, reducción de la pobreza y bienestar para todos”.

Para esto, se implementaría una economía de tipo abierta al exterior, sin barreras arancelarias, y con menos poder del Estado y más libertades para las empresas.

En este último punto es donde han surgido las diferencias de opiniones sobre el tratado: los argumentos del gobierno en favor de que sea suscrito son criticados tanto por una parte de la sociedad civil, grupos ambientalistas y sectores políticos.

Discusión abierta

Según el gobierno, este tratado significará un alto crecimiento económico para el país: menos aranceles de exportación, disminución en los costos finales de los productos y una mayor inversión extranjera.

En cambio, sus detractores argumentan que Chile ya tiene acuerdos comerciales con los países que integran el TPP-11, por lo que los aranceles ya son bajos y el nuevo tratado no traería consigo mayores beneficios económicos.

Algo similar sucede con la inversión extranjera, puesto que el capital foráneo ya están presente en el país desde hace años, y nada garantiza que existirán nuevas.

Este tratado también suscita controversia por las nuevas facultades que tendrá el gobierno de Chile en materias económicas. Según los más críticos, este acuerdo “terminaría de vender al país”. Esto se refiere a que el TPP-11 restringiría el campo de acción de empresas públicas y del Estado, afectando así políticas públicas en materias tales como AFP, salud y hasta educación.

La prisa de La Moneda

Mientras la elección de los delegados a la Convención Constituyente se aplaza, el gobierno pidió urgencia, por cuarta vez en tres meses, para la aprobación del TPP-11.

A menos de un año del término del mandato del actual Presidente, Sebastián Piñera, este tratado internacional podría convertirse en el mayor legado del actual mandatario, por su potencial para cambiar la forma en la que se hace política en nuestro país.

Junto con el Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución, suscrito entre el gobierno y los partidos políticos como respuesta al estallido social de 2019, se escribió una serie de “normas” sobre cómo iba a ser el nuevo proceso constituyente: las reglas del juego.

La ley 21200, parte de estas nuevas indicaciones, concretadas en una reforma constitucional, en su artículo 135 plantea: “El texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Esta disposición explica el interés del gobierno para aprobar el TPP-11 antes de que el nuevo proceso constituyente termine.

De ser aprobado, sus reglas del tratado internacional se harían cumplir por organismos internacionales. El tratado les entrega jurisdicción a los jueces por sobre los propios países involucrados. Esto significa que una empresa transnacional que tenga negocios en Chile podría demandar al Estado si este implementa, por ejemplo, una regulación pública que afecte negativamente a dicha compañía, siempre y cuando este regulado por el tratado. Entonces, según sus críticos, el TPP-11 puede terminar reduciendo la capacidad del Estado de proteger el medioambiente, la salud y otros temas sociales. Pero si el tratado no es ratificado en el Congreso, la convención constitucional podría fijar nuevas normas al respecto. De ahí la celeridad con que el gobierno quiere aprobarlo.

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