Los invisibles daños del desalojo de la toma en cerro Renca

Los invisibles daños del desalojo de la toma en cerro Renca

Esta mañana se desalojaron 700 familias que habitaban en el terreno de forma ilegal. Según las autoridades, el accionar de Carabineros fue pacífico, sin embargo, las secuelas sociales y psicológicas podrían afectar a quienes residían en ese lugar. 

Por: Gabriela Ortega Fuentes

Durante este miércoles, alrededor de 300 carabineros realizaron el desalojo de la toma del cerro Renca, acompañados de carros lanza agua y lanza gases. Además, ingresaron retroexcavadoras para retirar las construcciones que estaban desde el 19 de febrero de este año, aunque de todas formas, la salida de las casi 700 familias fue de manera pacífica.

En el proceso, un hombre colombiano aseguró que él habita en aquella zona por tener problemas económicos. “No puedo pagar arriendo. Más de uno no me entiende, pagar arriendo es muy difícil. Pagar arriendo, comida, servicios, agua. ¿Y qué hacemos? Hay mucha gente que tiene muchas otras comodidades y se pueden dar el lujo de ir a vacacionar”, enfatizó.

Además, aseveró que después del desalojo, se tendrá que ir a vivir debajo de un puente.

Tras el hecho, el investigador del Centro de Estudios Socioterritoriales de Techo Chile, Ignacio Silva, sostuvo que “la mayoría de las familias que llegan a vivir a las tomas vienen de una trayectoria marcada por la exclusión habitacional. Por lo tanto, si es que el Estado no entrega una alternativa, es muy probable que esas personas vuelvan a vivir en las condiciones mencionadas o deban irse a vivir a la calle”. 

Criterios internacionales

Según lo informado por Techo Chile, la Organización de las Naciones Unidas tiene criterios que se deben cumplir en los desalojos:

Antes del desalojo: Se debe otorgar un aviso oportuno a las personas afectadas, concediendo la posibilidad de realizar un inventario sobre los bienes que puedan verse dañados. Además, se deben generar instancias de participación y mediación para establecer conjuntamente entre las autoridades y los pobladores un plan de reasentamiento. También, se debe garantizar a las partes afectadas el acceso oportuno a la asistencia letrada, gratuita en caso necesario.
– Durante el desalojo: Se debe contar con la presencia obligatoria de observadores neutrales para garantizar la transparencia del procedimiento. El Estado debe adoptar medidas para garantizar que nadie sea objeto de ataques o actos de violencia. Las autoridades nunca deben exigir u obligar a las personas desalojadas a que destruyan sus propias viviendas u otras construcciones.
– Después del desalojo: Las autoridades deben garantizar que las personas desalojadas tengan acceso seguro a: a) alimentos esenciales, agua potable y saneamiento; b) alojamiento básico y vivienda; c) vestimenta apropiada; d) servicios médicos esenciales; e) fuentes de sustento; f) educación para los niños e instalaciones para el cuidado de los niños.

Rodrigo Cortés, director de la carrera de Trabajo Social en la Universidad Andrés Bello, soslayó que “a corto plazo una consecuencia serán nuevas tomas de terreno. La situación es compleja para muchas familias, al no contar con los recursos necesarios para arrendar o vivir situaciones de allegamiento, por lo que ante un desalojo lo más probable que puedan existir nuevas ocupaciones.” A esto, sumó que el desalojo generará “sensación de marginalidad o exclusión de las familias desalojadas”.

Cortés añadió que “el Estado debe incorporar la perspectiva del derecho a una vivienda adecuada. Esto está suscrito por nuestro país en la Nueva Agenda Urbana (ONU-Habitat), que establece para en el periodo 2016-2036 la meta de garantizar el derecho a una vivienda y ese es un desafío para la nueva Constitución”.

El alcalde de Renca, Claudio Castro, reconoció que la situación desde un principio se intentó ofrecer alternativas a las familias. “Hemos estado en contacto permanente con la mayor cantidad de familias posibles. Los equipos sociales han estado tratando de apoyar y al mismo tiempo de generar las articulaciones para poder solucionar esta situación”, expresó el edil.

Además, confirmó que la municipalidad intentó mediar entre los propietarios privados y los integrantes de la toma, pues “los equipos sociales de la municipalidad de Renca han estado buscando ofrecer un apoyo y orientación a esas familias, al mismo tiempo que hemos buscado tanto con los dueños de los terrenos como con el Gobierno a nivel central poder generar una solución lo antes posible”. 

También, Castro hizo un llamado al Estado para actuar desde la urgencia que viven las familias.

Razones del desalojo en Renca

El desalojo se debe principalmente a que la ocupación del terreno es ilegal, ya que los sitios pertenecen a propietarios privados. Además, este sector está contemplado para la futura construcción de un túnel de una gran obra de infraestructura llamada “Nudo Quilicura”.

De acuerdo a lo que informó el alcalde de Renca, este proyecto busca mejorar la conexión entre la Panamericana y la autopista Américo Vespucio. Incluso, detalló que “en ese lugar como no existen condiciones para construir vivienda” y es por esto que se construirá el túnel.

El campamento ha traído problemas para los vecinos de la comuna, quienes mostraron su descontento el jueves pasado en una protesta, en la cual cortaron la carretera, sumado a que denunciaron la violencia, peleas e incluso balazos que se escuchan en el sector con la instalación de la toma.

Graves denuncias previo al desalojo

El martes pasado, previo a la intervención de Carabineros, en medio de la crisis que vive la comuna debido a las tomas en el Cerro Renca, a través de redes sociales comenzaron a difundirse avisos de venta de terrenos pertenecientes al sector, con precios sobre los $4 millones de pesos chilenos.

Un usuario de Facebook, identificado como Jordán Ortega, publicó en la sección de Market la venta de tres terrenos de 300 metros cuadrados en $4,5 millones. En el aviso detalló que existía facilidad de acceso a bienes básicos y que el sector cuenta con un “lugar con buena vista “.

Publicación de Facebook

La historia se repite el mismo día en Viña del Mar

Horas después del desalojo en Renca, aproximadamente 32 familias fueron desalojadas de un hotel abandonado en el centro de Viña del Mar, esto debido a que el espacio era arrendado de forma ilegal a las familias, que principalmente son extranjeras.

Según informó Meganoticias, los afectados eran ciudadanos que vivían en el segundo piso del inmueble. Sin embargo, tuvieron que abandonar en 15 minutos el lugar tras la llegada de Carabineros.

El carabinero Jorge Olea aseguró que “llevamos un cotejo de 30 personas desalojadas y el receptor judicial había emanado ya la semana antepasada el comunicado para que por favor se retiraran en forma voluntaria para evitar llegar a esto”.

El uniformado explicó la existencia de un arrendatario, quién no habría arrendado a nadie, sin embargo, hay una persona que se atribuyó el derecho de subarrendar, cobrándole a los residentes $10 mil pesos chilenos diarios.

Ambos desalojos ocurrieron en la mañana de este miércoles, los que dejaron a cientos de familias sin un techo, ni un lugar para vivir, lo que, para Rodrigo Cortés, en un futuro significará: “Agudización de la precarización de la vida de las familias, problemas de salud mental, vivir la estigmatización social y familias criminalizadas por parte del estado”.

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