Una nueva constitución asediada por la escasez de agua

Una nueva constitución asediada por la escasez de agua

Este recurso natural es básico para la permanencia de cualquier ser vivo, la base de la comida y el funcionamiento de diversos servicios imprescindibles. Sin embargo, este elemento tan necesario no es ilimitado.

Junto al desarrollo económico, también han aparecido problemas y amenazas a nuestra sobrevivencia como el deterioro ambiental y el cambio climático, que provoca sequías y carencia de muchos bienes, como el agua.

Por Ignacio Riveros

Las últimas semanas, el agua ha sido un foco de hechos que podrían redefinir el futuro, tanto en el país como en el mundo: Los problemas medioambientales por los que atraviesa Estados Unidos, donde destaca la sequía de California, hicieron que el elemento natural se empiece a transar en el mercado bursátil. Comenzó la bolsa de Chicago que haría transacciones en Wall Street, a partir de esto, Londres siguió su ejemplo y también puso la opción de transar (como el petróleo o el trigo) el agua en la bolsa de valores.

Asimismo, el pasado diciembre se cumplieron 10 años desde que la ONU declaró que el agua es un derecho humano y que todos debiéramos tener acceso a esta.

En Chile el conflicto se empezó a extender a medida que diversas localidades, como Petorca en la región de Valparaíso, empezaron a perder el acceso a este bien. La encuesta “Gota a Gota”, que realizó la ONG Greenpeace, indica que el 97% de los chilenos cree que la nueva constitución debería garantizar el acceso al agua. Mientras se desarrolla el debate respecto a la próxima carta magna, el conflicto suscitado por la escasez del recurso natural adquiere mayores ribetes.

Petorca, en la región de Valparaíso, es una de las comunas icónicas del conflicto que provocó la escasez de agua/ Foto: Fundación Terram

Matías Asún, director de Greenpeace Chile, al respecto propuso una idea puntual: “La verdad es que no se puede producir alimento, no se puede producir vida sin agua, por lo tanto, en la práctica es necesario que el agua tenga usos industriales, o usos para actividades económicas”.

Pero luego agregó que la pregunta central es si dejar que esa mecánica reproduzca desigualdades, sufrimiento o deterioro de la biodiversidad y la transformación de territorios en desiertos o si efectivamente el recurso se usará para vivir de forma digna y en armonía con la naturaleza.

Mercado desregulado

Cooler conversó con personas que se desarrollan en asuntos ligados al uso del agua, quienes explicaron la importancia que tendría el recurso en la próxima discusión constitucional.

El doctor en Derecho, especializado en derecho ambiental y derechos de aguas, Christian Rojas, quien también es académico de la Facultad de Derecho de la UAI, afirmó que hay dos tipos de derechos sobre el agua que entran en juego: por un lado, el derecho de propiedad del agua, en contraparte, está el derecho humano al recurso. El catedrático apuntó que lo primero existe desde antes de la constitución de 1925, pero que de lo segundo no se ha establecido nada.

“El derecho humano al agua no está reconocido en la constitución, y este derecho es una garantía que sostiene que toda la población tendría acceso al agua para el uso doméstico en una condición de cantidad y calidad suficiente para preservar la vida”, sostuvo el académico y agregó que pocas naciones reconocen esa figura jurídica.

Rojas apuntó que el derecho humano al agua asegura que, por ejemplo, el agua de la llave que consumimos sea potable ya que, indicó, esta versión del derecho al recurso se relaciona directamente a la salud y bienestar de las personas, es decir, que se entregue agua potable a los hogares.

El abogado afirmó que Chile tiene los mejores índices de América Latina al respecto y comparables a Alemania, pero que el problema es que esto sucede en las ciudades. Por lo que Rojas enfatizó que en las grandes urbes del país sí se satisface el derecho humano al agua en términos de cantidad y calidad, pero que el verdadero problema está en la población rural.

Según el investigador, las áreas campestres tienen satisfechas en un 50% su necesidad de agua potable, pero al considerar “recogida de vertidos” y tratamiento del agua, el número prácticamente se reduce a cero.   

Christian Rojas es doctor en Derecho de la Universidad Católica de Chile y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez

En términos de gestión y transacción del bien natural, el catedrático afirmó que la situación chilena es preocupante: “A mí me ha tocado ser consultor del Banco Mundial en un par de ocasiones y el ejemplo de Chile, en su forma de transacciones de mercado del agua es un ejemplo para no seguir”.

En definitiva, para Rojas ese es el punto débil que debiera revisar la nueva carta magna. Al respecto agregó: “Un mercado regulado es mejor que un mercado desregulado”.

Por otra parte, el doctor en Biotecnología e investigador de temas medioambientales en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAI, Daniel Valenzuela, planteó que frente al debate constitucional deben hacerse definiciones y dejar muy en claro lo que se entiende como “agua”, “recurso” y “bien”. El académico indicó: “Es muy difícil que la gente entienda el costo del agua, el costo no es lo que aparece en la boleta”, pero enfatizó que a esta actualmente se le considera un bien de capital.

Llevar la “lucha del agua” a la convención constitucional

Para Marcela Mella, vocera de la coordinadora No Alto Maipo, que se opone a la construcción de un megaproyecto hidroeléctrico en el principal río de la cuenca de Santiago, el problema del recurso natural es un tema transversal: “Lo que hemos puesto sobre la mesa desde el principio del conflicto es que el agua no es un problema del Cajón del Maipo, es un problema de la totalidad de la región Metropolitana”.

Marcela Mella: Vocera de la coordinadora No Alto Maipo

La activista afirmó que el régimen de privatización del elemento vital es uno de los principales problemas que provocó la carta magna promulgada por Augusto Pinochet y que se propusieron terminarlo instalando representantes de “la lucha del agua” en el proceso constituyente. Mella expresó que Chile es el único país del mundo que tiene su fuente y gestión del agua privatizada y que lo anterior ha acarreado una serie de conflictos al privilegiar el uso económico del recurso por sobre el derecho humano a este.

Asimismo, Mella se refirió a los desafíos que generaría que la constitución garantice el agua como un bien nacional de uso público. La vocera hizo hincapié en que habría que modificar leyes: “por un lado está el derecho de propiedad del agua garantizado en la constitución, pero por otro lado el Código de Aguas que rige la propiedad de esta, y ese instrumento hay que cambiarlo para darle un nuevo sentido”, postuló.

Respecto a que en potencias mundiales se empiece a proponer que el recurso vital se transe en las bolsas de valores, la dirigenta expresó que Chile podría darle cátedras a Wall Street sobre la transabilidad del agua porque, indicó, se instaló un mercado entre privados.

“Las personas deben entender que no hay una cosa mágica que gestiona el agua, es mucho más complejo que eso”, declaró la activista y agregó que los habitantes de Santiago piensan que la escasez de agua solo afecta a zonas rurales y que no podría llegar a la capital, lo que cuestionó: “aunque paguen sus cuentas, si Aguas Andinas tiene menos agua, obvio que va a racionalizarla”.

Al respecto, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, reconoció a principios del año pasado que existía la posibilidad de que se racionalizara el agua en Santiago y Valparaíso debido a la extrema sequía de 2019. En la misma fecha, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, afirmó que no puede decir que no vaya a haber racionamiento de agua en Santiago porque siempre hay una probabilidad.

 

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