Chile se queda sin acuerdo de Escazú: Activistas ambientales manifiestan su descontento

Chile se queda sin acuerdo de Escazú: Activistas ambientales manifiestan su descontento

Foto referencial

Tras cumplirse la fecha límite el pasado 26 de septiembre, el Gobierno no ratificó el primer gran pacto medioambiental que contempla a América Latina y el Caribe. Líderes activistas declararon que la decisión de La Moneda es incoherente con su discurso.  

Por Nicole Beretta Navarrte

Finalmente, el presidente Sebastián Piñera se abstuvo de firmar el Acuerdo de Escazú, que se adoptó en la ciudad costarricense que lleva el mismo nombre. Hay que indicar que el mandatario en su gobierno anterior aseguró el compromiso de participación y promoción del tratado internacional por parte del Estado chileno.

El lunes 28 de septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, y la de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, reiteraron las razones esgrimidas por La Moneda: que la firma del tratado introduciría principios no definidos que condicionarían la legislación nacional, que este provocaría incertidumbre jurídica, que Chile adquiriría obligaciones ambiguas, amplias e indefinidas y que el acuerdo expondría al país a controversias internacionales por la aplicación directa de normas que catalogaron como imprecisas.

Las razones del ejecutivo se convirtieron en un tema de debate a nivel nacional y sectores consideran que estas no son del todo claras. La experta en derecho internacional que expuso en la comisión, Valentina Durán, recalcó que el tratado busca la implementación plena y efectiva del acceso a la información, la participación de comunidades afectadas por megaproyectos y el acceso a la justicia ambiental.

Annita Galli, coordinadora en Talca de Fridays For Future Chile, movimiento de jóvenes que vela por un futuro sostenible y ecológico y que encabeza la adolescente sueca Greta Thunberg, planteó que el actuar del Gobierno representa “un gran bochorno internacional” porque, indica, instó a los países a firmar y luego se salió del acuerdo.

Annita Galli comenta la decisión de La Moneda

Matías Asun, director nacional de la organización Greenpeace Chile, acusó al ejecutivo de implementar una “publicidad engañosa”, ya que, según él, le dieron a entender a la población que las políticas medioambientales son uno de los puntos principales de su agenda política.

Matías Asun apunta a contradicciones del Gobierno

Una de las organizaciones que también manifestó su decepción es Escazú Ahora Chile, liderada por Sebastián Banfeld, quien además es Champion del Acuerdo por la Cepal. “Con esta decisión nos queda claro que el presidente Piñera prefiere escuchar más a las industrias contaminantes que destruyen nuestro planeta y no a las personas a las que dice gobernar”, expresó el activista medioambiental, quien recalcó que Chile llevaba más de 6 años impulsando el tratado.

Una campaña realizada por más de 60 jóvenes en todo el país logró recaudar alrededor de 28.000 firmas que se llevaron el 25 de septiembre a La Moneda en una carta, además de firmas de 350 organizaciones de la sociedad civil, en lo que fue un último esfuerzo para que el presidente Piñera se una al acuerdo regional.

Sebastián Banfeld, representante de Escazú Ahora Chile

Este es el primer pacto que vela por la protección de los defensores de derechos humanos en materias medioambientales. Por lo mismo, la Coordinadora No Alto Maipo, que se opone a la construcción del megaproyecto hidroeléctrico en el río del mismo nombre y que es acusado de destruir glaciares, entre otros daños ecológicos, recalcó que la firma del tratado podría haber respaldado la seguridad de los activistas y el acceso a la información.

Marcela Mella, coordinadora de No Alto Maipo

Hasta ahora, 24 países se han unido al inédito acuerdo internacional, por lo que falta solo una firma para que el tratado entre en vigencia, ya que se necesita la ratificación de al menos 11 de los 22 tratados que lo suscribieron en un principio.

De todas formas, a pesar de haber vencido el plazo formal, los estados aún pueden adherirse al pacto, decisión que pasa directamente por los jefes de gobierno.

Qué es el Acuerdo de Escazú:

Es un tratado que busca velar por el acceso a la información, la justicia y la participación pública respecto a asuntos medioambientales en América Latina y el Caribe.

Los estados que firmen, y ratifiquen el pacto, deberán salvaguardar los siguientes derechos a la ciudadanía: Acceder libremente a información sobre gestión ambiental; participar de los procesos de tomas de decisiones que afecten al medioambiente; tener acceso a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales respecto de irregularidades y/o vulneraciones.

Además, el tratado incluye disposiciones que apuntan a la prevención, investigación y sanción respecto a transgresiones que afecten a activistas medioambientales.

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