Las brechas en el financiamiento de campañas y partidos políticos

Las brechas en el financiamiento de campañas y partidos políticos

En medio de la crisis desatada por el coronavirus, los aportes económicos vuelven a la agenda. Mientras unos acusan la desigualdad de oportunidades, otros evitan hablar sobre el tema.

Por Agustín Morel y Alexis Paiva Mack

La semana pasada, el diputado y ex militante de Revolución Democrática (RD), Renato Garín, acusó a su colega parlamentario del Frente Amplio (FA) Giorgio Jackson de financiar las campañas políticas de su partido. Su declaración cobró relieve en todos los sectores políticos, tanto porque el parlamentario del FA siempre aseguró “donar” la mitad de su dieta —sin especificar a qué organización, en variadas oportunidades—, sino que también porque despertó las alarmas en torno a una temática que siempre se ha cuestionado por parte de la ciudadanía.

El pasado 11 de mayo, Jackson se reunió con Diego Schalper (RN) y María José Hoffmann (UDI) en el matinal “Bienvenidos” de Canal 13. La dirigenta de Chile Vamos destacó que Jackson debía pedir disculpas públicas por no especificar el destino de sus aportes.

A pesar de que las acciones del frenteamplista fueron el tema central de la conversación, la polémica sobre el financiamiento de campañas políticas es una arista que muchos parlamentarios. Mientras Jackson especifica que nunca dijo donar su sueldo a una institución benéfica, Hoffmann insistió en que ella siempre pidió disculpas por la participación de su partido en el caso Penta.

Schalper figura como el diputado que recibe más donaciones económicas en la Cámara Baja, con una suma de 113 aportes que se traducen en $ 105.880.552. Según una investigación de Fast Check, solo 33 de 107 aportes de personas naturales representan el 55,5% del total que potenció su candidatura al parlamento, con donaciones de Fernando Barros Tocornal (exabogado de Augusto Pinochet y Julio Ponce Lerou, y asesor de Sebastián Piñera), Leonidas Vial Echeverría (involucrado en el caso Cascadas) y —tal como destacó Jackson en televisión—, Juan Sutil Servoin (presidente de la CPC).

“Es legítimo que los partidos puedan financiarse con aportes voluntarios, pero esto tiene que ser regulado como es hoy en el derecho chileno”, asegura el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht. Si bien las donaciones a candidatos son reguladas, algunos sectores acusan que la falta de límites podría traducirse en desigualdad de oportunidades en las campañas políticas.

Desigualdad en los aportes

Ante los cuestionamientos que surgieron sobre el financiamiento de Jackson y de RD, su compañero de bancada, el diputado Diego Ibáñez (CS), publicó en su cuenta de Twitter un hilo informativo donde dio a conocer las diferencias que existen en cuanto a los fondos que recibieron los parlamentarios para participar en las elecciones de 2017.

Entre los datos más llamativos, que fueron extraídos de la base de datos del Servicio Electoral (Servel), se observa que del 100% de los fondos totales invertidos en las campañas de las elecciones parlamentarias, un 73,3% corresponde a Chile Vamos, seguida por un 17% de la ex Nueva Mayoría y finalmente un 9,7% del Frente Amplio. La suma de aportes del comando oficialista es casi ocho veces mayor que los de la joven coalición, que hoy cuenta con 17 representantes en el Congreso.

Otra desigualdad manifiesta, son las diferencias entre los primeros cinco candidatos que más gastaron con los cinco con menos gastos. La lista está liderada por el diputado UDI, Jorge Alessandri, quién gastó sobre 200 millones de pesos en su campaña, seguido por el parlamentario RN de la sexta región, Diego Schalper, que gastó aproximadamente 137 millones de pesos. Al otro extremo de la lista se encuentran Florcita Alarcón con siete millones de pesos seguido por Ibáñez que desembolsó cerca de diez millones. Solo los aportes personales por la campaña de Schalper fueron el equivalente del 66% de los aportes totales que recibió toda la bancada del Frente Amplio.

Después que el diputado RN catalogara a los congresistas del Frente Amplio como “la bancada del 1%”, Ibáñez respondió de forma similar y clasificó a los parlamentarios con mayores aportes como “la bancada de los súper ricos”. En la misma línea plantea que “debemos colocar límites más drásticos, sino se genera una distorsión en la que los amigos de los súper ricos parten con kilómetros de distancia para financiar campañas en medios”.

Otro hecho que generó molestias en las redes sociales es que de los diez candidatos que más aportes recibieron todos son hombres. Esta información cobra sentido si se observa la desigual proporcionalidad entre parlamentarias mujeres y hombres que ha existido históricamente y que hoy continúa. De los 198 parlamentarios, solo 45 son mujeres, es decir un 23% del total. En cuanto a Chile Vamos, menos del 20% de la bancada son representantes mujeres.

Transparencia

En Chile, la ley prohíbe que las empresas puedan financiar partidos y campañas políticas, además de que también existen límites en los aportes voluntarios que se pueden donar. Si una donación es menor a 10 UF ( $280.000 aproximadamente), el emisor puede mantener su anonimato, pero si este supera dicha cantidad de dinero, el origen de ese aporte se hace público en el caso de las campañas.

De igual manera, quienes financian a partidos políticos pueden mantener sus nombres en reserva mientras no superen las 15 UF o excedan el 10% del máximo de aporte para la comuna. Si diversos aportes de un mismo contribuyente superan las 120 UF ($ 3.500.000 aproximadamente), este tampoco podría resguardar su identidad.

Si bien estos montos son fiscalizados por el Servel, el presidente de la DC, Fuad Chahín, enfatiza que “el problema es cuando se utilizan institucionalidades paralelas para evitar esa regulación”, opinión que se diferencia con la de Diego Ibáñez.

“El conflicto de intereses siempre va a existir, el tema es de qué forma regulamos eso en la formulación de la ley. Para defender la autonomía de la institución del Congreso, es necesario zanjar límites”, defiende el diputado de Convergencia Social.

Para el abogado representante de Chile Transparente, “no se debería restringir más allá de un límite de dinero, para que así nadie pueda comprar (sic) el partido. Tienen que ser restricciones razonables como las que establece hoy la ley”. Precht concluye que es necesario incentivar que los militantes se encarguen del financiamiento de la actividad política.

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